Hay impuestos injustos y confiscatorios  que suponen pagar por lo que alguien ya ha pagado con gran esfuerzo y durante toda su vida. Muchos andaluces agradecen ya que Ciudadanos haya acabado de facto con el de Sucesiones, aunque el PSOE se haya resistido como gato panza arriba. Era de justicia, después de que muchas familias hayan tenido que renunciar a sus herencias por no poder pagarlas. Y ahora, en el Ayuntamiento de Málaga, es momento de plantear la máxima reducción legal en la plusvalía por herencia.

Nos alegra encontrar un PSOE que se haya subido a la tendencia liberal de bajar impuestos. Puede ser un gran aliado para acabar con las plusvalías por herencia. No estamos encontrando esa colaboración en Francisco de la Torre Prados y el PP. Es más, hace dos meses les transmitimos por escrito una batería de medidas fiscales y presupuestarias para este ejercicio y ni nos han contestado. Lejos de buscar el acuerdo, nos han elevado una propuesta de impuestos para el año que viene sin negociar. Parece claro que no quieren dejar de meter la mano en el bolsillo del contribuyente con la plusvalía por herencia. Pelearemos.

Haciendo un repaso histórico, las plusvalías se han empezado a tocar en Málaga desde que Cs entró en la Casona. Primero, se bonificaron al 95% (máximo legal) en los casos más sangrantes, personas con 2 años de convivencia y según valor catastral. También pusimos sobre la mesa el asunto de lo injusto de pagar plusvalías cuando se ha vendido a pérdidas. Lo trajimos a pleno antes incluso de que se pronunciara el Constitucional. El PP y el PSOE nos tildaron de antisistemas.

Ahora nos proponemos bonificar al 95% las herencias en todos los casos de la primera vivienda del fallecidoEl PP aduce que supondría un impacto de unos 19 millones en el presupuesto y que esto es inviable. No. Inviable es pagar 21 millones por el edificio del Astoria en plena crisis; gastar 4 millones en un edificio okupado como La Invisible; quedarnos sin cobrar 7 millones de canon por el fiasco del Museo de las Gemas; tener más de 100 millones pendientes de cobro en convenios urbanísticos; gastar entre 7 y 11 millones al año en contratos de asesoramiento; tener que indemnizar a falsos autónomos como los del OMAU; pagar pluses de jefaturas a gente que ya no las ejerce, o hacer frente a competencias impropias.

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