Ciudadanos presentó 15 conclusiones en el cierre de la comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones y concesión de licencias entre 2006 y 2016. Hasta seis de ellas atañen al caso de Villas del Arenal, que la formación naranja llevó el pasado septiembre a Fiscalía tras las denuncias en el seno de la comisión por parte de ex altos funcionarios de Urbanismo, que hablaban de posibles injerencias políticas en la labor inspectora. Así anunciaron el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Juan Cassá, y el viceportavoz, Alejandro Carballo, quien también ha presidido la citada comisión de investigación, la tercera del mandato municipal.

Cassá ha recordado que la Fiscalía abrió diligencias tras la puesta en conocimiento por parte de Cs y que, posteriormente, ha añadido las denuncias realizadas por otros grupos de la oposición al proceso. “Quiero ser cauteloso y vamos a respetar los tiempos y el trabajo de la justicia, como no podía ser de otro modo. Pero, desde luego, como representantes públicos hicimos lo que teníamos que hacer una vez que escuchamos acusaciones muy graves en el seno de la comisión de investigación que presidimos”, ha argumentado. El portavoz ha querido recordar la gravedad de las acusaciones vertidas por el que fuera jefe de sección de Inspección Urbanística, Alberto Íñiguez y la ex jefa de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo: “Altos funcionarios han denunciado presiones para hacer la vista gorda con posibles sanciones, para bajar su frecuencia e intensidad, para que los inspectores vayan acompañados por cargos políticos… Estaríamos hablando de injerencias intolerables en la función pública”. El edil ha avanzado que, según el devenir de las decisiones judiciales, los concejales a los que los altos funcionarios señalaron, Francisco Pomares y Teresa Porras, deberán asumir responsabilidades políticas.

Por su parte, Alejandro Carballo, ha subrayado que durante la comisión ha quedado probada la falta de medios con la que cuentan los diferentes departamentos urbanísticos, tanto en la labor inspectora y de disciplina como en la de concesión de licencias y permisos (aspecto en el que se incumplen todos los plazos y parámetros de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía); el desmantelamiento de dicha labor inspectora, en la que llegó incluso a crearse una “unidad B”; la inacción del alcalde y del equipo de gobierno pese a conocer el malestar de los funcionarios, o la obligación de comunicar a responsables políticos y de distrito las acciones de disciplina.

“Una cuestión es que los procedimientos urbanísticos puedan ser más o menos ágiles, y otra bien distinta aspectos que pueden ir mucho más allá de la mala praxis”, ha querido sintetizar Carballo, quien ha criticado que el alcalde, Francisco de la Torre, que sí había aceptado comparecer en las anteriores dos comisiones de investigación, no lo haya hecho en esta, y que, de hecho, tuviera que forzarse un pleno extraordinario sobre la materia.

Las conclusiones elevadas por Ciudadanos son las siguientes:

  1. Se creó un servicio paralelo para tratar en exclusiva los expedientes de Villas del Arenal.
  2. Todos los expedientes que se abrieron en Villas del Arenal estaban fundamentados legalmente.
  3. Al equipo titular del servicio se le negó información y contacto con los expedientes de Villas del Arenal.
  4. Desde el 2014 se ha ido prescindiendo del equipo que fue titular del servicio, con traslados a otras funciones de menos responsabilidad.
  5. Los inspectores no podían acudir a Villas del Arenal sin que fuesen acompañados del director del distrito al menos.
  6. Cualquier nuevo paso en los expedientes de Villas del Arenal debía ser comunicado por mail al concejal delegado y a la concejala de distrito.
  7. Los expedientes de Villas del Arenal no podían avanzar administrativamente sin el visado del concejal delegado y concejala de distrito.
  8. El alcalde conocía de primera mano las quejas de altos funcionarios de la GMU respecto a los expedientes sancionadores y la actuación de sus concejales.
  9. El alcalde remitió la gestión de las quejas de los altos funcionarios al concejal delegado, que era parte en dichas quejas.
  10. Era habitual que, desde la GMU, se utilizara el helicóptero de la Policía Nacional para hacer inspecciones sobre la ciudad.
  11. En la GMU existe falta de medios humanos en algunos departamentos y medios materiales en general para el desempeño de la actividad propia del organismo autónomo.
  12. En la última década, se ha venido produciendo un desmantelamiento progresivo del departamento de disciplina urbanística. No se ha priorizado su buen funcionamiento. Mientras que el personal de la GMU disminuyó en un 14%, el del servicio fue un 33%.
  13. A pesar de conocer el déficit de funcionamiento del servicio de inspección, nunca se hicieron reuniones, ni tomado medidas, para intentar optimizar el rendimiento de éste.
  14. Los funcionarios del servicio de inspección se sienten frustrados por la falta de medios técnicos para desarrollar su trabajo.
  15. Existen retrasos en la concesión de licencias, sobre los 3 meses que estipula la LOUA, que el equipo de gobierno achaca a la Junta de Andalucía y a la falta de rigor en la documentación que presentan los profesionales en las solicitudes.
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